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Patronal y sindicatos reclaman al Gobierno una reforma de la Ley de Desindexación en los contratos públicos

La construcción urge a incluir la energía en la revisión de los precios de los contratos públicos, al suponer en torno al 30 % del coste de las obras

Noticia del sector

La Comisión de Servicios Especializados Intensivos en Personas de CEOE, UGT Servicios Públicos y CCOO del Hábitat reclamaron esta semana al Gobierno una reforma de la Ley de Desindexación de la Economía en la licitación pública.

Según el manifiesto, firmado por el presidente de la Comisión de Servicios Especializados Intensivos en Personas de CEOE, Francisco Javier Sigüenza; el secretario general de CCOO del Hábitat, Daniel Barragán; y el secretario general de UGT Servicios Públicos, Julio Lacuerda, las tres entidades, "en representación de las personas trabajadoras y empresas del sector servicios", inciden en que los costes derivados de las obligaciones laborales fijados por los convenios colectivos o la normativa laboral básica "son un elemento esencial a la hora de determinar la viabilidad de los contratos".

Por ello, reclaman al Gobierno una reforma de la Ley de Desindexación de la Economía y de su correspondiente referencia en la Ley de Contratos del Sector Público, "que permita la modificación de los precios de los contratos como consecuencia del incremento de los costes laborales - tanto los imprevisibles dimanantes de una norma legal como los reglamentarios de la negociación colectiva- que no pudiesen preverse en el momento de la licitación".

Actualmente, la regulación de los contratos públicos no posibilita la revisión de precios en la mayoría de las licitaciones, lo que conlleva que, ante cualquer alteración en los costes se produzca un desequilibrio económicos para las empresas adjudicatarias.

Esta restricción supone una importante cortapisa para la buena marcha de las negociaciones colectivas, entorpeciendo la consecución de mejorar para las personas trabajadoras y generando conflictividad y problemas de continuidad de las plantillas ante las dificultades para la aplicación efectiva de las modificacones que se produzcan en los contratos en vigor", explica el manifiesto.

Los agentes sociales ponen de ejemplo el incremento del salario mínimo profesional hasta los 1.000 euros "que beneficia sin duda a diversas categorías de trabajadores, pero no puede hacerse a costa de las empresas adjudicatarias de contratos ya iniciados antes de dicha modificación".

Incluir a la energía en la revisión de precios

Desde la Confederación Nacional de la Construcción ( CNC), su presidente, Pedro Fernández Alén, sugirió "matizar" la Ley de Desindexación de la economía española para que su contenido no se aplique a la contratación pública. Recuerda que el sistema de revisión de precios vigente desde 1965 "dotó de estabilidad" a la contratación pública hasta la entrada en vigor de esta ley en 2015. "El sistema de revisión de precios se basa en unos índices que elabora el INE y que aprueba el Ministerio de Hacienda y Función Pública, por lo que su rigor estaría asegurado;este sistema nunca dio problemas", concretó Fernández Alén

Por ello, el presidente de la Construcción solicitó al Gobierno "de manera urgente y decidida" computar la “insoportable” factura de la energía en el Real Decreto-ley, aprobado el pasado 1 de marzo, con medidas de carácter extraordinario para revisar, excepcionalmente, los precios de los contratos públicos de obras afectados por la subida de los precios de los materiales. Una factura que, según cálculos de la patronal, puede suponer alrededor del 30 % de los costes en muchos tipos de obra.

“El encarecimiento de los materiales y los problemas de suministro se han visto seriamente agravados por la guerra en Ucrania y ahora por la huelga de los transportistas. Sin embargo, lo que más nos preocupa en estos momentos es la inasumible escalada de la energía, frente a la que urge actuar con medidas contundentes y de calado si queremos salvar al sector de un colapso que sería tremendo para la recuperación de nuestra economía, teniendo en cuenta su peso en el PIB y el empleo, y su importancia para ejecutar los fondos europeos”. 

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