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Las constructoras acusan a la empresa pública Tragsa de competencia desleal

Desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) se asegura que “estos encargos no están justificados ni por la urgencia ni por el propio objeto social de Tragsa”

Noticia del sector

La falta de trabajo en España por la caída de la inversión pública ha desatado nuevamente las tensiones entre las constructoras y los grupos controlados por el Estado, que también participan en el mercado de obra pública a través de las encomiendas de gestión. En el punto de mira del sector constructor está Tragsa, la empresa de la Sepi especializada en trabajos en el medio rural y urgencias medioambientales que, en los últimos meses, ha recibido varios encargos de empresas y de Administraciones públicas sin pasar por el filtro del sistema de contratación pública.

"Representa, desde nuestro punto de vista, competencia desleal, ya que estos encargos, por muy medio propio de la Administración que sea, no están justificados ni por urgencia ni por el propio objeto social de Tragsa", indican desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). Los servicios jurídicos de la patronal del sector han decidido tomar cartas en el asunto y han llevado los encargos más sospechosos a los tribunales de lo contencioso-administrativo.

En concreto, la CNC ha presentado una demanda ante los juzgados de centrales de lo contencioso administrativo contra una encomienda de Adif para construir un túnel peatonal que conecta las estaciones de cercanías de Sol y de Gran Vía en Madrid. Se trata de una obra de 3,1 millones de presupuesto. La patronal también ha recurrido el trabajo encargado por la Comunidad de Madrid para la construcción de un colegio en Arroyomolinos, un proyecto de algo más de 6 millones.

Entre los trabajos polémicos con más presupuesto sobresalen las obras de reforma de la actual sede del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. La Generalitat también recurrió a la encomienda de gestión a Tragsa para realizar esta obra, que tiene un presupuesto de unos 25 millones.

"Son encargos que no se justifican ni por razones de eficiencia ni de urgencia", argumentan desde CNC, que cree, además, que las Administraciones pierden dinero, ya que las tarifas de Tragsa son más elevadas que los precios que obtiene la Administración en concurso público gracias a bajadas por encima del 20%. Desde Tragsa niegan la mayor. "No somos más caros que otras constructoras", advierten desde la compañía, que dispone de estudios como el del colegio de aparejadores donde se aprecia que las tarifas son un 6,8% más bajas que los presupuestos de licitación.

El pulso de las constructoras con Tragsa viene de lejos. En 2015, también fueron muy polémicas las obras de remodelación de la sede del Ministerio de Economía (22 millones de euros) o la construcción de los Paradores de Muxía (Galicia) y Molina de Aragón (Castilla-La Mancha), con un presupuesto conjunto próximo a los 60 millones de euros.

El grupo público presidido por Jesús Casas rechaza las críticas del sector, ya que "todas las encomiendas están justificadas". Respecto a los casos judicializados por la CNC, detalla que las obras de Adif se encomendaron "por razones de seguridad", mientras que el colegio de Arroyomolinos fue una obra a la que el anterior contratista renunció". En el caso del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, la encomienda está justificada "porque el concurso público quedó desierto".

Defensa

La empresa pública no quiere entrar en polémicas con los contratistas privados, pero señalan que "no se pueden juzgar las encomiendas sin conocer los detalles". Recuerda, por ejemplo, que Tragsa ha tenido que realizar el trabajo de contratistas que abandonaron la obra a medio terminar. "Lo que las patronales no comentan es que, en los últimos ocho años, Tragsa ha tenido que hacerse cargo de renuncias de contratistas por valor de 340 millones". En esta lista negra de proyectos abandonados figuran algunos contratos que Adif adjudicó con bajadas muy agresivas, donde los adjudicatarios no disponían de medios técnicos y económicos para ejecutarlos.

A pesar de contradecir a las constructoras, desde Tragsa reconocen que es necesario revisar su objeto social, para evitar que algunas Administraciones públicas caigan en la tentación de abusar de la encomienda de gestión: "Estamos revisando los conceptos de urgencia y emergencia" para evitar que se convierta en un cajón de sastre para algunas Administraciones.

Al ser un medio propio de la Administración, los organismos estatales como las Administraciones territoriales que forman parte de su accionariado pueden recurrir a la encomienda de gestión siempre y cuando esté justificado: "Para considerarnos medio propio es suficiente con tener una sola acción". Según fuentes de la empresa de la Sepi, se está trabajando en ampliar el capital de la sociedad para que también puedan encomendar obras y servicios Diputaciones y Cabildos.

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