Empresarios y trabajadores del sector conocen el procedimiento de retirada del amianto, en una jornada de la Fundación en Cáceres
La Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura colaboró en la organización del encuentro, al que asistieron más de 60 personas
Con el objetivo de informar a las empresas del sector de los pasos a seguir para efectuar las retiradas del amianto, la Fundación Laboral de la Construcción y la Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura organizaron ayer, miércoles 25 de octubre, una jornada informativa en el Centro de Formación de la entidad en Cáceres.
El vicepresidente de la Fundación en Extremadura, Miguel Talavera, el gerente, Pedro Pérez Francés, y el jefe de Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección General de Trabajo de la Junta, Juan José Pérez Mayordomo, fueron los encargados de abrir el acto, al que asistieron más de 60 personas.
La primera parte del encuentro estuvo centrada en la emisión de informes de acuerdo al RD396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, y estuvo conducida por Luis Fernando Oveja, jefe de Sección de Higiene Industrial y Ergonomía, del Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral (Cessla), en Cáceres, y Gonzalo González Tejedor, jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cáceres.
A continuación, Juan Carlos Senra, jefe de Negociado de Calidad Ambiental de la Junta de Extremadura, fue el encargado de explicar el régimen jurídico de la producción y gestión de RCD que contienen amianto. Mientras que Faustino Martín, arquitecto técnico e ingeniero de edificación y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales de la empresa Tygma Servicio, habló sobre la problemática derivada de los trámites administrativos a realizar para la retirada del amianto.
Durante el encuentro se puso de manifiesto la importancia de la toma de conciencia de la peligrosidad de este material, debido a su amplio periodo de latencia, y la necesidad de procedimentar su extracción para proteger a los usuarios expuestos. De esta manera, se ve necesario contar con planes de actuación redactados por técnicos especializados y adaptados a las necesidades de la retirada concreta.